Deudas. Comunidad de Propietarios.

(vecinos o copropietarios que no pagan sus recibos de Comunidad)   sin coste previo para la Comunidad (provisiones de fondos)

BERKINDER presta este servicio tanto a Comunidades con administrador como a Comunidades que carecen de tal o un vecino ejerce esas funciones:

a) COMUNIDADES CON ADMINISTRADOR:  BEKINDER retribuirá mediante honorarios profesionales las tareas que desarrollen los administradores (emisión de certificados de Comunidad, asistencia al Juzgado en su caso, elaboración de liquidaciones, etc etc). 

b) COMUNIDADES QUE CARECEN DE ADMINISTRADOR: la persona que ejerza las funciones de Presidente facilitará la documentación necesaria para reclamar las cuotas (recibos) que se adeudan.

PROCEDIMIENTO DE BERKINDER para reclamar cuotas comunitarias:

Prejudicial: Antes de acudir a Juicio, BERKINDER en representación de la Comunidad  reclamará de forma amistosa las cuotas impagadas (telefonicamente, mediante burofax, etc)

Judicial: si el vecino - copropietario no satisface los recibos que adeuda amistosamente, un abogado con poder notarial otorgado por la Comunidad (Presidente- Libro de actas) intrepondrá una acción judicial contra el copropietario moroso.

Documentación necesaria:

1.-   Certificado del administrador con firma del Presidente que acreedite que el copropietario adeuda una cantidad según lo acordado en Junta

2.- Poder notarial designando abogado y procurador

Artículo 21 de la Ley de la Propiedad Horizontal

1. Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el Presidente o el Administrador, si así lo acordase la Junta de Propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.

2. La utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la Comunidad de Propietarios por quien actúe como Secretario de la misma, con el visto bueno del Presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9.

3. A la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la derivada de los gastos del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente la realización de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos.

4. Cuando el propietario anterior de la vivienda o local deba responder solidariamente del pago de la deuda, podrá dirigirse contra él la petición inicial, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el actual propietario. Asimismo se podrá dirigir la reclamación contra el titular registral, que gozará del mismo derecho mencionado anteriormente. En todos estos casos, la petición inicial podrá formularse contra cualquiera de los obligados o contra todos ellos conjuntamente.

5. Cuando el deudor se oponga a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas.

El Tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste caución. No obstante, el deudor podrá enervar el embargo prestando aval bancario por la cuantía por la que hubiese sido decretado.

6. Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de Abogado y Procurador para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el Tribunal. En los casos en que exista oposición, se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del Abogado y los derechos del Procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.

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