El Tribunal Constitucional ha anulado la limitación de los precios de los alquileres de las viviendas de la Ley Catalana de Vivienda (Ley 11/2020) por considerarla inconstitucional, ya que esta ley invadía competencias estatales en el ámbito del Derecho Civil para la regulación de las bases contractuales.
En este sentido, la sentencia que se dio a conocer el pasado 10 de marzo, concluye que estos preceptos van en contra de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución. Por otra parte, la sentencia limita los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. De este modo, no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas
La Ley Ley 11/2020 obligaba la congelación o disminución de los precios de alquiler en las zonas consideradas “tensionadas”, esto es poblaciones con más de 20.000 habitantes con ingresos por debajo de 2.000 € mensuales y que afectaban a más de 60 poblaciones catalanas.
La sentencia no entra en detalles de cómo se estipulan las definiciones de zonas tensionadas, ni de la forma de calcular los ingresos, entre otros. Los magistrados solo se centran en temas competenciales de las Comunidades Autónomas.
Desde el sector inmobiliario, la Cámara de la Propiedad Urbana mostró su apoyo a esta decisión judicial, sin dejar de alertar sobre la inseguridad jurídica que produce este tipo de cambios legales.
Texto integro de la sentencia del Tribunal Constitucional haciendo clic en este texto
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Excelente noticia. Era una mala ley para los propietarios y los inquilinos.